SIGUE VIVO EL VÍNCULO “HUACHICOLERO” DE ROMERO CALZADA
Las cuentas bancarias del exdiputado local priista José Luis Romero Calzada, junto con las de sus empresas Tekmol de México y Grupo Gasolinero RomCal, permanecen congeladas desde 2019 como parte de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Esta medida, reportada originalmente por El Financiero, se deriva de presuntas operaciones vinculadas al tráfico de combustible robado, conocido como «huachicoleo», un delito que ha sido prioritario en las estrategias de seguridad del gobierno mexicano en los últimos años.
El caso de Romero Calzada, quien también es conocido por su polémica trayectoria política en San Luis Potosí, se remonta a enero de 2019, cuando las instituciones bancarias del país recibieron la orden de inmovilizar sus fondos y los de otras personas y empresas señaladas en un listado oficial. Entre los nombres destacados en esa lista figuraban el exdiputado federal priista de Tamaulipas, Jesús Villarreal Salinas, su esposa Yanira Deandar Ayala, y su padre Arturo Villarreal Tijerina; así como Reynaldo Bernardi Manica, empresario veracruzano con nexos políticos, y el general Eduardo León Trauwitz, exintegrante del Estado Mayor Presidencial durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, quien ha sido señalado como un actor clave en el fomento del huachicoleo.
Además de las cuentas personales de Romero Calzada, las empresas Tekmol de México y Grupo Gasolinero RomCal, con estaciones de servicio en Salinas, San Luis Potosí, fueron incluidas en el embargo. Según la investigación de la UIF, estas entidades habrían estado involucradas en operaciones financieras sospechosas, con depósitos por 332.3 millones de pesos y retiros por 54.8 millones de pesos, lo que reforzó las sospechas de lavado de dinero proveniente del robo de combustible.
Avances y cerco financiero
El cerco sobre Romero Calzada se ha ido estrechando con el tiempo. A principios de 2019, un juzgado federal rechazó un amparo que el exlegislador había solicitado contra una orden de aprehensión, captura o presentación, promovida desde diciembre de 2018. Aunque no se han revelado avances recientes sobre su situación legal en 2025, el congelamiento de cuentas sigue vigente, lo que indica que las autoridades mantienen el caso bajo investigación.
En un contexto más amplio, el combate al huachicoleo sigue siendo un tema relevante en México. Según datos oficiales del gobierno federal, el robo de combustible ha disminuido significativamente desde 2018, cuando se implementó el Plan Contra el Huachicoleo, liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, reportes recientes en medios como El Financiero (2024) señalan que persisten focos de esta actividad ilícita, especialmente en estados como Guanajuato, Puebla y Veracruz, donde cárteles han diversificado sus operaciones hacia el robo de agua y otros recursos.
Conexiones actuales y temas relacionados
En 2025, el caso de Romero Calzada cobra relevancia frente a nuevas investigaciones sobre redes de corrupción y crimen organizado. Posts recientes en X han mencionado su nombre en relación con el juicio pendiente de Eduardo León Trauwitz, quien enfrenta cargos por delincuencia organizada y sustracción ilícita de hidrocarburos. Aunque no hay evidencia concluyente en redes sociales, el tema del huachicoleo sigue generando debate, con usuarios destacando la impunidad de algunos implicados de alto perfil.
Por otro lado, la UIF ha intensificado sus esfuerzos contra el lavado de dinero, congelando cuentas de nuevas empresas sospechosas en los últimos meses, según reportes de prensa de principios de 2025. Este enfoque refleja una continuidad en la estrategia gubernamental para desmantelar las finanzas de grupos delictivos, un eco de las acciones que afectaron a Romero Calzada hace más de cinco años.
Perspectiva crítica
A pesar de los avances reportados, el caso de Romero Calzada y otros implicados plantea preguntas sobre la efectividad del sistema judicial mexicano. La falta de resolución pública en su situación legal, combinada con la persistencia del huachicoleo en ciertas regiones, sugiere que las redes de complicidad podrían extenderse más allá de lo identificado hasta ahora. Mientras el gobierno celebra la reducción del robo de combustible, la narrativa oficial enfrenta críticas por no abordar a fondo la corrupción estructural que permitió estos delitos durante décadas.
En conclusión, el congelamiento de las cuentas de José Luis Romero Calzada sigue siendo un capítulo abierto en la lucha contra el huachicoleo, un problema que, aunque controlado en parte, continúa evolucionando y desafiando a las autoridades mexicanas en 2025.
