CIUDAD VALLES.- Hasta 116 mil pesos por sus servicios, es lo que ha recibido de las arcas de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento, el representante legal y quien ha encabezado la lucha contra los trabajadores sindicalizados, recurso autorizado por el titular del organismo Marco Antonio Guillen.
De acuerdo a documentos oficiales consultados por Al Día Noticias, y cuya copia obra en poder de este medio, a pesar de la escasa información que en materia de egresos a proporcionado la DAPA a la unidad de transparencia de la CEGAIP, como ente obligado, se logro comprobar que durante 2019, Edgar Enrique Sánchez, recibió cheques amparados por los folios de pago 700, 555, 838, 1085, entre otros, por la cantidad cada uno de 34 mil 799 pesos y 99 centavos, los cuales por su periodicidad y a pesar de que solo uno de ellos se señala directamente por el concepto de asesoría, deja entrever que es el salario que este tiene dentro del organismo, a pesar de que en múltiples ocasiones el titular del organismo operador señalo que el abogado no trabajaba ahí y que su “ayuda” era una cuestión personal para el, quedando en evidencia que todo se trato de una farsa, además de que sus “servicios” representaron el año pasado un gasto de 417 mil 599 pesos aproximadamente.
En lo que va de 2020, llama la atención que la DAPA sigue ocultando el concepto de egresos en la plataforma de transparencia estatal, encontrándose que, en el reporte del mes de febrero, aparece un pago a Sánchez González por la cantidad de 116 mil pesos, de la factura F-5802, amparada bajo el folio de pago 204, autorizado por Marco Antonio Guillen Rivera Director de la DAPA, y tomado de una cuenta que tiene el organismo en el banco BBVA.
Cabe señalar que, debido a que el organismo operador de agua de Ciudad Valles, y cuyo Presidente de la Junta de Gobierno es el alcalde Adrián Esper Cárdenas, ha omitido en la mayoría de los meses del año 2019 y 2020, el colocar en la plataforma de CEGAIP, los reportes que por ley esta obligado, se desconoce al cien por ciento en que más se esta gastando la dirección de la DAPA el dinero, situación que es violatoria de la ley y amerita una investigación por parte de las autoridades correspondientes, además de un informe detallado por parte de los integrantes de la Junta de Gobierno, quienes se supone deben de garantizar la transparencia que tanto pregona la actual administración.